[Foto: Composición RS/ANDINA]
El premier Gustavo Adrianzén prometió combatir la minería ilegal, pero la realidad política y económica sigue favoreciendo su expansión.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reafirmó su compromiso de luchar contra la minería ilegal en la Amazonía peruana, una de las actividades ilícitas más destructivas para el medio ambiente y las comunidades nativas. Durante un evento en Tarapoto, el premier anunció la asignación de más de 9.6 millones de soles para financiar planes de negocio sostenibles en comunidades afectadas, así como la entrega de equipos de vigilancia forestal a líderes indígenas para reforzar la protección de sus territorios.
Adrianzén, vestido con un tocado de plumas tradicional, manifestó su compromiso con la lucha contra la deforestación y la expansión de la minería ilegal. En su discurso, enfatizó la importancia de generar alternativas económicas sostenibles que permitan a las comunidades locales desvincularse de esta actividad. La entrega de indumentaria, equipos de campo y kits de primeros auxilios a más de 80 vigilantes comunales reflejó, en el papel, la intención del Gobierno de fortalecer la lucha contra esta problemática.
Sin embargo, mientras el premier daba su discurso en Tarapoto, la minería ilegal continuaba expandiéndose en varias regiones del país. En Madre de Dios, por ejemplo, más de 31,000 hectáreas de bosques han sido deforestadas en las últimas dos décadas debido a la extracción ilegal de oro. Esta actividad, que genera más de 6,000 millones de dólares al año, según un informe de Videnza Consultores, ha sido alimentada por la corrupción, la falta de fiscalización y la escasa voluntad política para enfrentarla.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una de las iniciativas del Gobierno para regularizar a los mineros informales, ha resultado inefectivo, permitiendo que la minería ilegal continúe operando sin mayores restricciones. La falta de acción efectiva por parte del Ejecutivo y la influencia de actores ilegales han perpetuado la crisis en la Amazonía, donde las mafias mineras siguen destruyendo el ecosistema y desplazando a las comunidades originarias.
El Congreso y la influencia de la minería ilegal
El problema no solo radica en la incapacidad del Gobierno para frenar la minería ilegal, sino también en el papel que juega el Congreso peruano en la perpetuación de esta actividad. Un estudio de Natural Governance Resource Institute (2024) revela que aproximadamente el 60% de los parlamentarios han respaldado proyectos de ley que desregulan la minería, favoreciendo la informalidad y permitiendo que la actividad ilegal prospere. Entre estas medidas se encuentra la extensión del proceso de formalización minera, que ha facilitado que mineros ilegales continúen operando sin restricciones.
Uno de los principales impulsores de estas leyes es el partido Perú Libre, cuyos congresistas han votado en bloque a favor de varias normativas que benefician a los mineros ilegales. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también ha sido vinculado a la minería ilegal, lo que ha generado dudas sobre la verdadera intención del Legislativo de combatir esta problemática.
Corrupción y debilidad institucional
La minería ilegal en el Perú no solo es un problema ambiental, sino también un reflejo de la debilidad institucional y la corrupción que impera en el país. Regiones como Loreto y Madre de Dios han visto cómo las mafias mineras cooptan funcionarios y manipulan gobiernos locales para evitar la fiscalización y seguir operando sin restricciones. Según la abogada Melissa Marengo, del Natural Resource Governance Institute, «los vacíos de poder y la corrupción han permitido que las mafias se adueñen de la minería ilegal, debilitando cualquier esfuerzo de control estatal».
La situación se agrava con la participación de mafias internacionales, que operan en las fronteras con Colombia y Brasil, y que han convertido a la minería ilegal en una actividad transnacional con graves consecuencias para la seguridad y la economía del Perú.
Amazonía en riesgo: la brecha entre discurso y realidad
Mientras el Gobierno anuncia medidas y entrega fondos para apoyar la conservación ambiental, la realidad muestra un panorama distinto. En Madre de Dios, la contaminación por mercurio en ríos y suelos ha provocado enfermedades en las poblaciones locales, mientras que vastas áreas de bosques han sido reemplazadas por campamentos mineros. La crisis ambiental y social que genera esta actividad sigue creciendo, sin que se tomen acciones concretas para frenarla.
Las promesas de Adrianzén y del Ejecutivo parecen chocar con la realidad política y económica del país. Mientras se destinan fondos para vigilancia y apoyo a comunidades, el Congreso sigue promoviendo leyes que facilitan la expansión de la minería ilegal. En este contexto, la lucha por la protección de la Amazonía sigue dependiendo en gran medida de la resistencia de las comunidades indígenas y de la presión de la sociedad civil.
El futuro de la Amazonía peruana sigue en juego, y mientras los discursos oficiales hablan de protección y sostenibilidad, en la realidad, la deforestación, la corrupción y la complicidad política siguen allanando el camino para la destrucción de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Nora Gutierrez